El Poder Judicial de Perú ordenó este martes finalizar la investigación fiscal contra la presidenta Dina Boluarte, que fue abierta en mayo de 2024 e instruyó al Ministerio Público archivar o presentar denuncia constitucional.

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Al alegar la desactivación del Equipo Especial de la Policía que apoyaba al Equipo de Fiscales contra la Corrupción del poder (Eficcop), la instancia manifestó que se “declaró fundada la solicitud de control de plazo formulada por la defensa de Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en la investigación preliminar seguida en su contra por los presuntos delitos de encubrimiento personal agravado y abuso de autoridad en agravio del estado”.

En este sentido, el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró fundado un recuso de control de plazo presentado por la defensa de la mandataria, al haberse excedido el tiempo de las pesquisas para este caso.

El juez también ordenó que “la Fiscalía a cargo de esta investigación cumpla con emitir la disposición con arreglo al Código Procesal Penal».

La Corte Suprema de Justicia también señaló que “la ley fija plazos máximos –relativo cuando se está ante investigaciones complejas o contra personas vinculadas a organizaciones criminales, pero que el fiscal debe determinar–, dentro de los cuales han de adoptarse las disposiciones, providencias, diligencias de investigación y demás actuaciones fiscales, la ampliación o prórroga del plazo debe producirse antes que éste venza”.

“Vencido el plazo no se podrá instar su prolongación, prórroga y ampliación”; en el presente caso, la ampliación se dio posterior al vencimiento del plazo originalmente establecido por lo que el control de plazo debe ser declarado fundad”, señaló la Corte.

Rechazo a Dina Boluarte

En Perú, organizaciones sociales y partidos políticos han rechazado la gestión gubernamental de Dina Boluarte. Tras la continua represión en las protestas contra su desempeño peruanos han criticado la postura de la dirigente.

Entre tanto, desde las redes peruanos han emitido su rechazo. “Alzar la voz por la seguridad no es un crimen, es un derecho. La solución no es el silencio; la solución es escuchar. Hace mucho que el Gobierno y el Congreso se han vuelto sordos y mudos ante el clamor ciudadano, sin propuestas ni estrategias efectivas para combatir la inseguridad”, precisan.

“Están más preocupados por sus propios intereses que por el bienestar social. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos traidores de la patria?”, alegaron.

Ante una publicación en un medio peruano que defiende al Gobierno y que acusa a lideresas sociales, entre ellas la excandidata a la presidencia de Perú, Verónika Mendoza, la política peruana subrayó que “pretenden también estigmatizar o asustar a quienes respaldamos la movilización y paro convocados para los días 13, 14 y 15 noviembre por una ciudadanía legítimamente harta de la violencia y el desgobierno. No lo lograrán”.

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